El Tribunal Supremo en su reciente sentencia n.º 6/2024, de 8 de enero, ECLI:ES:TS:2024:32, analiza el supuesto en el que después de una alteración sustancial de las circunstancias, se llevó a cabo una modificación de medidas, y se pasó de un régimen de custodia compartida, en el que no había establecida una pensión de alimentos, a un régimen de custodia exclusiva a favor del padre de los menores.

El demandante, señala que desde que los hijos menores viven con él, la madre no ha abonado cantidad alguna en concepto de alimentos, ni gastos de calzado y ropa.

Si bien, la madre en su contestación a la demanda consideró que la cantidad estipulada en concepto de alimentos era desproporcionada, 400 euros por cada menor, e indicó que una cantidad procedente serían 232 euros por cada hijo.

La cuestión más controvertida a analizar en el presente caso es ¿desde cuándo debía abonar la demandada la pensión de alimentos?

El Tribunal Supremo en esta ocasión y para responder a la anterior cuestión, hace un exhaustivo análisis de la doctrina existente sobre la materia. La demandada además de la reducción de la pensión se negó a que la misma fuera obligatoria desde la interposición de la demanda.

La Audiencia Provincial de Madrid en el presente caso entendió que: «(…) que los alimentos a cargo de la madre se fijaran desde la fecha de interposición de la demanda, mediante la aplicación de la doctrina de la sentencia de esta Sala 371/2018, según la cual se fijan, desde tal fecha, cuando se instauran por primera vez, mientras que, cuando se discute la cuantía de una pensión alimenticia ya declarada, la modificación opera desde la fecha de la sentencia revisora».

Y, desde esta forma, razona:

«Aplicando esta doctrina jurisprudencial al supuesto enjuiciado, debemos partir del hecho de que en la Sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 17 de junio de 2015 no se reconocía como tal pensión de alimentos por cuanto se acordó la custodia compartida de los tres hijos comunes. Con todo, sí se reconocía la obligación de pago de cierta cantidad a cargo la madre por cuanto ésta se comprometía a pagar gastos escolares en proporción a sus ingresos; proporción que sería fijada cada año, siendo en un principio la proporción de 60% para la madre y 40% para el padre. Por otro lado, se acordó que se haría cargo de ropa y calzado de los niños y, para evitar excesos, se fijó la cantidad por tal concepto en 1500 euros anuales, a razón de 500 euros por hijo. De hecho, el demandante (aquí apelado) ha instado varias demandas ejecutivas para que la madre hiciera frente a tales gastos.

En tales circunstancias, ha de estimarse el motivo de recurso por cuanto, siguiendo la jurisprudencia aludida, la modificación relativa a las cargas referidas a los alimentos que pesan sobre Doña Camila respecto a sus hijos necesariamente debe sufrir sus efectos desde el momento en se dicta la sentencia que la establece».

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se interpuso por el padre recurso de casación, el Ministerio Fiscal desestimó el recurso entendiendo lo que sigue:

«En este caso los progenitores pactaron un sistema de custodia compartida por períodos iguales y acordaron, por tener uno de ellos mayores ingresos, un sistema de contribución a los alimentos de los hijos (los gastos escolares forman parte de los alimentos ordinarios) en el que la progenitora satisfacía el 60% de los gastos escolares. Con independencia de que se adoptara esa forma de contribución, lo cierto es que en la práctica suponía que la madre abonaba por todos los conceptos 113 € mensuales más que el padre. Consideramos que esa cantidad no es otra cosa que una pensión de alimentos a su cargo y que, por tanto, la sentencia de la Audiencia Provincial se ajustó a la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando estableció que la nueva pensión debía producir sus efectos únicamente desde el dictado de la sentencia que la estableció al existir otra fijada con anterioridad».

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