El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado la esperada sentencia de gastos que determina que puede reclamarse la totalidad de los gastos hipotecarios (notaría, gestoría, registro y tasación), una vez declarada la nulidad de la cláusula. De este modo, cierra la puerta a la “moderación” establecida por el Supremo que hacía un reparto de los mismo entre el cliente y la entidad bancaria, dejando al margen, eso sí, el impuesto (IAJD). Además, se podrá reclamar también los gastos de cancelación si no han sido explicados de manera transparente.
Hay otras cuestiones clave de la sentencia favorables para la defensa de los consumidores financieros. Por una parte, determina que la comisión de apertura está sujeta a control de transparencia y por tanto habrá que comprobar si se informó convenientemente al consumidor. Tal y como venía advirtiendo el Banco de España, solo se puede cobrar una comisión por un servicio realmente prestado, cosa que no ha sucedido en la mayoría de las hipotecas en las que, habitualmente, se ha cobrado entre un 0,5% y un 3% del importe de la misma.
Por otra parte, y más importante, que las costas de cualquier procedimiento que afecte a cláusulas abusivas (ya no sólo gastos, también suelo, IRPH, multidivisa, etc.) y resulten favorables al afectado deberán ser asumidos por la entidad bancaria para favorecer que los consumidores ejerciten sus derechos, evitando con el ello el efecto disuasorio.
Europa ha dejado claro que, si un consumidor tiene que incurrir en gastos procesales para reclamar, el juez deberá condenar en costas al banco. Esto es, los bancos tienen que prepararse para asumir el coste de todos los procedimientos judiciales.
En lo que se refiere a la prescripción de estas demandas, el TJUE establece la posibilidad de reclamar la restitución de las cantidades cobradas en un plazo de cinco años a partir de la obtener la nulidad de la cláusula. Y rige para todas las hipotecas en las que se hayan pagado los gastos con independencia de cuándo hayan sido constituidas.